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A vueltas con el Impuesto de Patrimonio

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Portada de la 1ª edición de la novela “The Great Gatsby”, escrita per F. Scott Fitzgerald el 1925 y publicada en 1928. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_gran_Gatsby

David Patiño Rodríguez

Este post fue publicado originalmente en el  Blog de Fueros y Huevos del Diario Expansión el 11/2/2020

 

El impuesto sobre el patrimonio es controvertido y genera polémica  en torno a su existencia, estructura o efectos que recientemente han sido objeto de estudio por RIFDE. Más allá de los debates domésticos, la tributación sobre el patrimonio ha irrumpido en el debate internacional de los últimos años y está siendo una de las estrellas de la campaña presidencial norteamericana. Este post repasa algunos de los argumentos que basan las actuales propuestas, con la idea de poder extraer enseñanzas útiles para nuestro país.

El trabajo de Saez, Zucman y Piketty es el responsable de esta irrupción, especialmente, tras la publicación, por parte del último, del libro El Capital en el siglo XXI, que incluye la propuesta de crear un impuesto progresivo sobre el patrimonio con capacidad recaudatoria considerable y que sirva de instrumento para luchar contra la concentración de la riqueza. Tal propuesta se consideró osada, en el momento de la publicación del libro, pero generó un intenso debate en el ámbito académico al que siguieron otras propuestas, como la de Posner y Weyl (2019), en este caso buscando mejorar la asignación de los recursos a través de una fuerte tributación personal. La discusión se extendió al resto de la sociedad cuando Warren y Sanders, dos de los candidatos demócratas mejor posicionados, lanzaron sendas propuestas en su campaña a las primarias.

El debate ha puesto la atención en aspectos importantes que, si bien eran conocidos, ahora se analizan en profundidad. En este sentido,destaca la escasa información disponible sobre la distribución de los patrimonios, de los que se carece de estadísticas generalizadas, muchas veces aportada por censos extraoficiales -como la revista Forbes-. Esta situación contrasta con el amplísimo conocimiento sobre distribución de la renta, lo que es llamativo si consideramos que la distribución de la riqueza es mucho más desigual que la de la renta. Los defensores de un impuesto como éste indican que, incluso si se limitara a tasas muy reducidas, posibilitaría la elaboración de registros pormenorizados lo que constituye la base de una fuente de recursos considerable. Si tenemos en cuenta que la relación capital/renta se estima en torno al 500-600% en los países europeos, un impuesto del 1% lograría recaudaciones del 5-6% del PIB lo que representa niveles de ingreso muy apreciables. Sin embargo, las grandes fortunas han crecido a tasas del orden del 6-7% en términos reales en las últimas décadas, por lo que un impuesto progresivo que persiguiera objetivos más ambiciosos como reducir las desigualdades patrimoniales, podría alcanzar tipos del 10% para los multimillonarios, acorde con dichas rentabilidades anual. Por ejemplo, Sanders propone gravar con un máximo del 8%. Según los cálculos de Piketty, y al contrario de lo que machaconamente se indica, limitar la concentración de patrimonios no ha reducido el crecimiento en el pasado e incluso se puede asociar el Golden Age del capitalismo con la intensa reducción de las desigualdades que se produjo tras el periodo de las dos guerras mundiales.

De modo obvio, el principal motivo para introducir un impuesto progresivo sobre el patrimonio es paliar la insuficiencia de recursos necesarios para financiar los Estados Sociales que disponemos. Los candidatos demócratas indican que el impuesto les proporcionará los fondos necesarios para financiar sus ambiciosas propuestas de nuevos servicios públicos. Según Piketty, tal insuficiencia de recursos en Europa ha sido consecuencia de la globalización combinada con una intensa competencia fiscal. Siendo una situación que no habría sido prevista por la socialdemocracia, tradicionalmente más interesada en poseer la propiedad de los medios de producción que en diseñar una fiscalidad adecuada. Por este motivo, el esquema impositivo que se estableció en el siglo XX no incluyó el impuesto a la riqueza lo que no ha permitido gravar las grandes fortunas de manera apreciable. Esto no ha sido consecuencia del fraude o de que los millonarios abrieran cuentas en paraísos fiscales. En realidad, los sistemas tributarios permiten gravar únicamente la parte de los ingresos que los propietarios de las grandes fortunas habrían consumido, lo que representa porcentajes relativamente pequeños. El resto se acumularía en sus holdings personales, con la consiguiente tendencia al crecimiento de los mismos. Incluso reestableciendo los tipos impositivos cuasi-confiscatorios que EEUU o el Reino Unido aplicaron a las rentas elevadas entre el final de la II Guer Mundial y 1980 solo se podrían gravar cantidades reducidas. Los ingresos generados por un patrimonio de, por ejemplo, 83.000 millones de euros al 6% sería de unos 5.000 millones de euros, lo cual debe ser difícil o más bien imposible de consumir, por lo que la mayor parte se acumulará incrementando dicho patrimonio. Datos como el tipo efectivo del 0,003% que Saez y Zucman (2019) han calculado que soportó Warren Buffett en el año 2015 son muy reveladores, en ese sentido.

Las carencias de la tributación basada en la renta no se han compensado con la tributación sobre los activos que se ha limitado a pocas figuras entre las que destaca el gravamen sobre los bienes inmuebles que ha mantenido su estructura desde su creación en el siglo XVIII. Se trata de un impuesto proporcional al que no le afecta la acumulación de propiedades en una misma persona. Frecuentemente, emplea valores catastrales que se alejan de los del mercado y se transforman en azarosos y no considera las deudas, que son más elevadas, proporcionalmente, en los contribuyentes con menor poder adquisitivo. El resultado es fuertemente regresivo. Desde luego, importar modelos aplicados en numerosos estados de los EEUU en los que la tributación se basa en estimaciones de los valores del mercado de las propiedades a partir de regresiones hedónicas, permitiría caminar hacia esquemas de tributación más razonables que los actuales, aunque presumiblemente seguirían siendo insuficientes. Por otro lado, el actual impuesto de patrimonio existente en pocos países grava únicamente a un número reducido de contribuyentes, cuenta con numerosas exenciones y se basa también en valores catastrales y fiscales más o menos arbitrarios.

Un impuesto progresivo sobre el patrimonio ampliaría la tributación a la totalidad de los activos propiedad de los individuos, en especial a los financieros, que conforman la mayor parte de las grandes fortunas pero que sin embargo, actualmente están prácticamente exentos de tributación. Se articularía a través de un borrador, similar al utilizado en el IRPF, que valoraría el conjunto de activos y pasivos del contribuyente, el cual podría modificarlo de modo razonado. Para que la administración tributaria dispusiera de la información necesaria para elaborarlo, habría que obligar a los bancos extranjeros a proporcionar informes completos sobre las cuentas, inversiones e ingresos mantenidos y percibidos por los contribuyentes. EEUU ha avanzado en esta línea con la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA en sus siglas en inglés) vigente desde 2013. Esta ley propició que Luxemburgo y Suiza cumplieran las obligaciones establecidas por el gobierno americano para evitar las sanciones previstas, lo cual prueba que la intencionalidad política permite crear las bases necesarias.

El resultado puede ser un impuesto que los ciudadanos, al menos los estadounidenses, parecen apreciar mayoritariamente y que es apoyado incluso por un grupo de millonarios con ilustres apellidos. El debate es apasionante e, independientemente de donde estemos dispuestos a llegar (veremos hasta donde lo hacen los norteamericanos), algunas de las cuestiones que plantea nos pueden permitir reflexionar para mejorar nuestras figuras tributarias actuales, lo que se atoja muy aconsejable.