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Por qué un colegio no puede llamarse Calvo Sotelo

Pepa Domínguez (2017), “Niños y niñas del colegio contra la violencia machista”, Fuente: Página de Facebook del AMPA del Colegio, https://www.facebook.com/AmpaCalvoSoteloSevilla/photos/a.147226489083820.1073741827.146385709167898/158088251330977/?type=3&theater

 

David Patiño Rodríguez

El día 30 de octubre tuvimos un tenso debate en el Consejo Escolar del Colegio Calvo Sotelo de Sevilla a raíz de una propuesta del AMPA para cambia el nombre por la posible ilegalidad del actual. En concreto, según al AMPA atenta contra la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y por tanto, se debe cambiar cuanto antes para ajustarse a estas dos disposiciones. El Consejo Escolar rechazó a través de una votación secreta y sin dar un solo argumento dicha propuesta, sin valorar siquiera las razones planteadas por el AMPA y que se indican en el presente post por su interés, no solo para las personas relacionadas con el colegio.

El colegio se empezó a construir en el año 1935, en la II República licitándose bajo el nombre de Grupo Escolar Huerta de los Granados, porque comprendía dos edificios que se correspondían con los colegios de niños y niñas que se planificaron. El colegio se inauguró a principios del año 1937 con su actual nombre en honor al Protomártir de la Cruzada. Calvo Sotelo había sido asesinado días antes del golpe de estado y los golpistas fueron conscientes desde el principio que tenían que justificar su comportamiento y los juicios y asesinatos a los funcionarios y militares que se habían mantenido fieles a la legalidad y que habían cumplido sus cometidos. El asesinato de Calvo Sotelo se convirtió en la principal excusa para justificar su alzamiento contra la legalidad republicana y fue empleada extensamente durante la guerra.

El aprovechamiento propagandístico fue muy intensivo a lo largo de todo el régimen y especialmente al principio. En prácticamente todas las ciudades se rotularon plazas, calles e instituciones con honores a la figura del protomártir empleada para exaltar el régimen dictatorial. La hemeroteca de ABC permite hacernos una idea de la intensidad de este aprovechamiento. Por ejemplo, durante todo el año 1935, último completo en el que la República estuvo en paz y Calvo Sotelo era un destacado líder político, la búsqueda del término “Calvo Sotelo” genera 134 resultados. Por el contrario, la misma búsqueda produce 217 resultados para el año 1937, en el que ya había fallecido. Es decir, Calvo Sotelo muerto generaba muchas más noticias que vivo. La totalidad de estas noticas se corresponde con crónicas de las decenas de actos de homenaje que se realizaron los cuales tenían todos en común que la República era la que había asesinado directamente al político. Estos homenajes se sucedieron desde el principio de la sublevación como prueba que el 7 de agosto de 1936, el Ayuntamiento de Sevilla denominara plaza Calvo Sotelo la actual Puerta de Jerez “en memoria de un mártir de la Patria”. Entre las distinciones abundaron los cambios de nombres a colegios, como el reseñado el 9 de julio de 1938, “para la exaltación de las grandes figuras de nuestro glorioso Movimiento Nacional”. Para hacernos una idea clara de qué tipo de ceremonias se realizaron es representativa la que tuvo lugar en la Academia de Infantería de San Roque el 24 de mayo de 1938. En dicho acto, tal como indica literalmente ABC, tras la misa de rigor “se descubrieron grandes fotografías con la efigie de los generales Orgaz, Queipo de Llano y Mola, de José Antonio Primo de Rivera, Calvo Sotelo, Hitler y Mussolini”.

Si a esto unimos que José Calvo Sotelo no tenía relación directa alguna con Sevilla podemos llegar a la conclusión de que el colegio sevillano se llamó en honor a él únicamente como exaltación y justificación del golpe de estado y del régimen franquista que se estaba formando. Si no hubiera habido golpe de estado no se habría honrado a Calvo Sotelo con un colegio en Sevilla, ni por su actividad política ni por su asesinato, únicamente se hizo como acto de propaganda franquista.

Pero es que además, la actividad que desarrolló José Calvo Sotelo durante los últimos meses de su vida también es destacada y en concreto una parte de ella que ha sido descubierta recientemente. Calvo Sotelo era el líder del partido Renovación Española que defendía la restauración de la monarquía Alfonsina bajo un ideario ultraderechista contrario a la democracia liberal. Para entender los hechos, es necesario encuadrar históricamente los meses anteriores al golpe de estado y su asesinato. En febrero de 1936 se celebraron elecciones generales, y a pesar de que la derecha antiliberal[1] llegó con la expectativa de ganarlas e incluso hizo campaña por la mayoría absoluta, las perdió de manera clara, resultado vencedora una coalición de partidos burgueses progresistas y partidos obreros que se denominó Frente Popular. En esas circunstancias José Calvo Sotelo había terminado siendo líder oficioso de la oposición gracias a unos discursos incendiarios en los que llamaba a que el ejército se sublevara contra el régimen establecido[2].

En esa coyuntura política, los últimos descubrimientos de Ángel Viñas[3], nos han revelado que la actuación de Calvo Sotelo no se limitó a su actividad parlamentaria y por el contrario, fue un actor destacado de la conspiración, hasta su asesinato. Según el citado descubrimiento, Pedro Sainz Rodríguez que posteriormente sería ministro con Franco, siendo el número tres de Renovación Española, firmó 4 contratos el 1 de julio de 1936 en Roma con SIAI, una empresa aeronáutica italiana. En dicho acto se contrataba el suministro de 42 aviones de guerra, más de 10.000 bombas de 2 kilos, 2.000 bombas de 50 kilos, carburante, lubricante y metralletas, todo ello por un valor que en euros de hoy ascendió a 340 millones. Estos suministros tenían que ser entregados en el mes de julio, y de hecho, le llegaron a Franco al principio de la contienda. Quedan pocas dudas de que la operación había sido controlada por José Calvo Sotelo, que era el líder del partido. Tampoco se duda de que la operación contara con el asesoramiento de militares, dado el desconocimiento del material de guerra por parte de civiles. Los especialistas apuntan a Mola con el apoyo de Kindelán y el aval financiero de Juan March. Dado que el golpe militar fue el 18 de julio, los historiadores, en una línea de investigación que aún está más que abierta, han concluido que la fecha estuvo determinada por la llegada de los aviones que se le habían adquirido a Mussolini. Por otro lado, el tamaño de la operación hace pensar que estos contratos estuvieron negociándose durante semanas o incluso meses, por lo que muy posiblemente, el golpe de estado empezó a planearse recién confirmados los resultados electorales. Desde luego, la compra de 42 aviones, junto con otros documentos relacionados con la planificación del golpe, revela claramente que los conspiradores estaban planeando un conflicto armado. Tampoco parece que se estuviera planeando una guerra que durara casi tres años, como la que acabó sucediendo, pero desde luego, parece claro que el objetivo de la compra de esa cantidad de aviones último modelo y de armamento era generar, como indicaba Mola en sus planes originales, una “violencia extrema”. Y desde luego, estos hechos parecen dejar claro que el asesinato de Calvo Sotelo no precipitó unos acontecimientos que ya estaban más que acordados. Tampoco se puede decir que Calvo Sotelo no tuviera nada que ver con la sublevación y con la Guerra, pues parece claro que fue uno de los principales organizadores, a partir de una trama civil que se debería seguir investigando.

Por todas estas razones Calvo Sotelo no puede dar nombre a un colegio. No puede porque incumple dos leyes democráticas y en vigor. Tal como escuchamos tanto estos días, las leyes están para cumplirse y el colegio se denominó así para hacer apología de la dictadura franquista y para justificar el golpe de estado del 18 de julio de 1936, aprovechando su asesinato, por lo que incumple dicha normativa. Solo eso sería suficiente, pero es que además, Calvo Sotelo fue un destacado actor de aquel drama e intervino activamente en su planificación. Por todo ello, un colegio no puede llevar un nombre que está asociado a la guerra. Si se aceptan estas tesis, me imagino que los sectores más inmovilistas tendrán la tentación de salvar la situación llamando al colegio, por ejemplo, Presidente Calvo Sotelo, aprovechando al familiar. Este nombre cumpliría formalmente la ley, pero estaríamos ante un claro fraude de ley porque es evidente que si se el colegio se inaugurara ahora, la probabilidad de que se denominara de ese modo sería nula. De hacerse así, la única razón sería poder seguir denominando al colegio “Calvo Sotelo” y por tanto, Queipo de Llano continuaría siendo el que lo habría nombrado. En realidad, el legislador andaluz indicó su clara voluntad de que los andaluces sepamos la verdad de lo que pasó al establecer la novedosa obligación de que el golpe y la dictadura se estudie en los colegios. Es necesario que el colegio cambie de nombre de verdad para que los estudiantes les pregunten a sus maestros por qué se ha cambiado el nombre de su colegio o para que los padres y madres le hagan al director esa misma pregunta. En el caso del colegio Calvo Sotelo de Sevilla lo tenemos muy fácil, podemos recuperar el nombre que planeó la democracia de entonces y que la dictadura franquista nunca llegó a permitir.

Notas:

[1] Esta etiqueta me parece la más acertada porque, a pesar de lo que siempre nos han dicho, existía una derecha republicana que aceptaba la II República y las reglas democráticas que había impuesto.

[2] Fuente: Diario de Sesiones del Congreso, 16 de junio de 1936 (p. 1385); citada en Preston (1972; p.113).

[3] Viñas, Ángel (2013): “La connivencia fascista con la conspiración y otros éxitos de la trama civil” en Sánchez Pérez, Francisco (editor), Los mitos del 18 de julio, Crítica, Barcelona.

Referencias:

Preston, Paul (1972): “Alfonsist Monarchism and the Coming of the Spanish Civil War”, Journal of Contemporary History, 7 (3-4), pp.89-114.

Viñas, Ángel (2013): “La connivencia fascista con la conspiración y otros éxitos de la trama civil” en Sánchez Pérez, Francisco (editor), Los mitos del 18 de julio, Crítica, Barcelona.

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Explotación laboral socialmente aceptada

El intruso (1969). Equipo Crónica. Diputación Provincial de Valencia

El intruso (1969). Equipo Crónica. Diputación Provincial de Valencia. Fuente: http://blogs.elpais.com/.a/6a00d8341bfb1653ef0167676a8c0e970b-pi

David Patiño Rodríguez

Hace unas semanas el PSOE denunciaba que las empresas obligan a realizar 10 millones de horas de trabajo gratis a sus empleados. Este partido denunciaba que por esta práctica se estaban perdiendo 300.000 empleos. La realidad que se estaba denunciando es muy grave y sus consecuencias realmente dramáticas. Sorprende que esta cuestión haya y sigue teniendo tan corto recorrido en la opinión pública. El presente post reflexiona sobre algunas de las implicaciones que tiene esta situación.

Es evidente que en un país con 5.5 millones de desempleados, que las empresas obliguen a sus trabajadores a realizar miles de horas extras gratis constituye una cuestión de primera magnitud. Desde luego, lo primero que llama la atención es la cantidad de miles de puestos de trabajo que se podrían crear si esas horas las realizara el personal adicional que haría falta para desarrollarlas. Pero, de forma inmediata, destaca una cuestión que incluso se asume en la denuncia, como es la explotación y el robo que las empresas realizan a sus trabajadores con esta práctica. Abusando de su posición dominante, amplificada a niveles sin precedentes con la crisis, las empresas explotan a sus trabajadores obligándoles a desarrollar muchas más horas de las que tienen contratadas, llegando a jornadas, que de modo frecuente, sobrepasan cualquier límite legal sin entregar ningún tipo de remuneración. Los trabajadores se ven forzados por la amenaza, muchas veces llevada a cabo para genera un efecto demostración, de ser despedidos. Además el fraude está muy extendido en todos los sectores e incluye a trabajadores cualificados.

Sin duda, esta práctica puede ser considerada como un auténtico robo con intimidación que además constituye una forma de economía sumergida. Como tal, supone un menoscabo de ingresos estatales por las cotizaciones que se dejan de realizar. Por esta misma razón constituye una forma de competencia desleal hacia las empresas que cumplen escrupulosamente con la legislación. Finalmente, se puede añadir que desde la perspectiva macroeconómica, reduce la masa salarial lo que se transforma en una caída de consumo, adicional a la que venimos sufriendo por la dinámica que ha generado la crisis y las políticas laborales que la han acompañado.

Al margen de estas cuestiones, esta práctica ilegal tiene una perspectiva humana especialmente grave. En un país en el que las familias son olvidadas por las políticas públicas, obligar a que un trabajador desarrolle jornadas de 10 o 12 horas a diario imposibilita cualquier plan de vida y en especial constituye un fuerte desincentivo a tener hijos. Pero además, en el caso de las familias ya constituidas, provocan verdaderos dramas al forzar a que los hijos no puedan estar con sus padres. Lo cual, si ya de por sí no fuera grave, tiene también diversas perspectivas sociales. Es indudable que para sostener el sistema de pensiones es mucho más inteligente (y humano) desarrollar políticas que protejan a las familias que optar por alargar las vidas laborales hasta los 67 años o más. Pero además, es probable que esta situación genere un desincentivo al trabajo femenino para el mercado en muchas familias.

Las causas que posibilitan esta práctica abusiva son complejas. En primera instancia pueden estar relacionadas con la tradicional escasa implantación de los sindicatos en las empresas, especialmente en algunos sectores, circunstancia que se ha recrudecido en los últimos tiempos por la ofensiva desarrollada contra ellos. Pero también por una inspección de trabajo mal dotada de recursos de todo tipo, que refleja una falta de voluntad política por luchar contra este fraude. De hecho, es probable que este modo de actuar esté bien visto por el actual gobierno que ha demostrado una nula conciencia de protección a las familias. En última instancia, esta práctica no sería posible sin una aceptación implícita por la sociedad, que asume de manera cómplice, jornadas de trabajo totalmente incompatibles con el desarrollo familiar como práctica habitual, en lugar de realizar una condena moral de las mismas. Del mismo modo que la sociedad cada vez es más intolerante a la misoginia, al maltrato a los animales o a las agresiones al medio ambiente, es preciso generar una consciencia social contraria a estos abusos para que los explotadores soporten un elevado coste si persisten en su comportamiento.