Póster para la presentación del proyecto “Aplicaciones de visualización de datos y open data en la gestión de las universidades públicas andaluzas” en el Congreso Territorios Digitales celebrado en Granada en julio 2017.
Teresa Duarte
-En el texto trasladado en diciembre a las universidades por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento se alude como punto clave a la necesidad de ”incrementar la autonomía de las universidades”, asegurando para ello una financiación básica estable. De nuevo, se retoma el compromiso de la Junta de aportar unas cantidades que equivalen al 1,05% del PIB (el 0,45% restante, las Universidades con recursos propios o captados).
De lo que no se habla en ningún momento es de una cifra base, tomando las referencias que se acuerden -con criterios objetivos, ya sea por alumno, por profesor, titulaciones, etc-. ¿Sería deseable fijarla? ¿A cuánto ascendería?
En realidad, sí se establece cuál será la cifra de partida, el montante del capítulo I y II del ejercicio inmediatamente anterior, es decir, el coste histórico. Los capítulos I y II contienen aquellas gastos necesarios para la universidad pueda “abrir las puertas cada día”, es decir, que son básicos para su funcionamiento.
Esta cifra tiene la ventaja de que es fácilmente observable pero no creo que sea la más adecuada para asegurar un buen funcionamiento de la universidad por una razón muy sencilla, las universidades públicas han sufrido importantes recortes durante el período de crisis de modo que esa cifra histórica es excepcionalmente baja y, por tanto, insuficientes. A mi juicio, hubiera sido deseable partir de una estimación de costes que asegurara el buen funcionamiento de las universidades públicas y no de una que claramente está por debajo de ese estándar básico.
-¿Qué impacto crees que tendrá la gratuidad de la matrícula a partir del segundo curso, en función de materias aprobadas? Una medida anunciada unilateralmente por la presidenta de la Junta, sin contar con los rectores, que además reduce los ingresos propios de las universidades.
La Junta de Andalucía ha anunciado una bonificación del 99% de las tasas de matrículas del estudiantado que aprueben las asignaturas que cursan, siempre a partir de su segundo año en la universidad. En principio, el Consejero de Economía aclaró que esta medida no afectaría a la financiación de las universidades públicas, siendo la Junta de Andalucía la que financiaría, entendemos que a través de transferencias corrientes, el descenso de la financiación propia de las universidades.
-El MF 2017-2021 se refiere también a la recuperación de derechos perdidos por el PAS, PDI e incluso los estudiantes. Pero como el resto del documento, no concreta nada al respecto.
Para recuperar los derechos perdidos debemos saber cuánto se ha perdido. Primero, es preciso evaluar el modelo anterior (MF 2007-2011). Pero la situación del sistema público de universidad andaluzas no ha sido analizado exhaustivamente tras el último modelo y tampoco los daños que la crisis ha causado en las universidades. Lamentablemente, la Junta de Andalucía no ha hecho un ejercicio de control del logro de objetivos en materia de universidades ni de transparencia (al menos, que se sepa) y, por tanto, desconocemos la situación real de las universidades públicas andaluzas antes y después de la crisis. Partiendo de este escenario desconocido, el nuevo modelo pierde credibilidad porque todos los pasos que intentemos dar serán en falso.
Segundo, la crisis, en las universidades públicas andaluzas, se ha traducido en precarización y paralización de las carreras profesionales de los docentes, investigadores y del personal de administración y servicio, cuando no han sido directamente expulsado. Actualmente y en la mayoría de las universidades, el personal docente e investigador es captado a través de formulas contractuales precarias y temporales. Los profesores y profesoras ven como su eterna carrera discurre a través de al menos 5 modalidades o figuras temporales a las que se accede tras conseguir la necesaria acreditación a dicha figura. Esta acreditación se obtiene tras ser evaluado el currículum del aspirante por una comisión de expertos y expertas externos e independientes, siendo los méritos más valorados las publicaciones en revistas indexadas aunque su relevancia o utilidad social sea muy cuestionable.
-Respecto a la propuesta de incentivar al profesorado. En tu opinión, ¿se debe primar económicamente a unos docentes frente a otros? ¿Cómo se evaluaría a los docentes en ese caso?
En mi opinión, articular un sistema de incentivos para el profesorado es siempre positivo pero también creo que este debe ser equitativo y eficiente, lo que se puede conseguir teniendo en cuenta las diferencias entre áreas científicas y condiciones personales. Por ejemplo, hay grandes diferencias entre la divulgación realizada por los profesores en ciencias y en ciencias sociales… y estas diferencias deben ser introducidas en el sistema porque en caso contrario estaríamos ante un sistema absolutamente injusto porque trataría iguales a los desiguales. También debería tenerse en cuenta, a juicio de muchos, la necesaria diversidad de las carreras académicas que pueden estar más centradas, además de en el perfil científico-empresarial-competitivo del modelo anglo-norteamericano que promueve el actual sistema, en la docencia, en la transformación social, en la experimentación, etc. Igualmente podría considerarse promover a través de sistema de incentivos una Universidad que no esté centrada en el individualismo competitivo inspirado en los mercados, y en su lugar trate de fomentar ecosistemas colaborativos y que promuevan la sostenibilidad de la vida dentro de las comunidades universitarias.
-En tu artículo, eres crítica con el planteamiento referido a la financiación básica de la investigación y de la inversión porque propiciará que cada una de las universidades y la Junta de Andalucía firmen acuerdos bilaterales, independientes del resto. ¿Sería una vía de la Consejería para incentivar la competitividad, que las dividiría de alguna manera en sus exigencias conjuntas?
El modelo actual de hecho provoca anualmente enfrentamientos entre las diez entidades, que deben acordar el reparto entre ellas -este año especialmente difícil, según reconocieron los rectores-.
No, eso no es exactamente lo que queremos decir en nuestro análisis. Nosotros consideramos que la financiación básica operativa no debería estar condicionada y que, si lo está en el futuro, debe estarlo en condiciones de máxima transparencia. Los contratos programas son contratos bilaterales que llevan usándose muchos años tanto en las universidades públicas andaluzas como en el resto del territorio nacional y no solo no son controvertidos per se sino que constituyen un instrumento excepcionalmente adecuado y necesario. Imprescindible diría yo. Pero para que funcionen bien deben basarse en indicadores adecuados y transparentes que no provoquen conflictos lógicos entre las universidades. Y para poder contar con ese tipo de indicadores se necesita implantar, de forma efectiva, un sistema de contabilidad de costes que permita conocer la información requerida.
-En tu análisis, planteas la necesidad de publicar indicadores estándares, es decir, rankings de instituciones. ¿Cuáles deberían ser? ¿Cómo se mide la calidad de las universidades?
No, los indicadores empleados para asignar la financiación condicionada están relacionados con aspectos relativos a la docencia, investigación, transferencia e incluso indicadores sobre la gestión. Ej. Número de egresados, nº de años por término medio que un estudiante necesita para finalizar su carrera, nº de publicaciones en los distintos índices… nada que ver con los rankings nacionales e internacionales a los que haces referencias. Básicamente, creo que los rankings no son los mejores indicadores para evaluar el retorno de las universidades públicas a la sociedad en general y a la región andaluza en particular. Sería necesario un debate público y político para mejorar estos sistemas de evaluación. Si observamos, por ejemplo, los objetivos de la Universidad de Sevilla según se expresan en su Estatuto (1), los rankings sólo hacen referencia, bastante sesgada, a una pequeña parte de éstos, obviando los que para alguno/as son más relevantes, como puedan ser, por ejemplo, “Propiciar la libertad de pensamiento, la participación, la innovación y el espíritu crítico y riguroso” o “ El estímulo y la formación de sus miembros para el ejercicio de la ciudadanía crítica, solidaria y responsable”.
Para terminar, dos cuestiones:
-El incumplimiento reiterado de los compromisos presupuestarios ha sido la tónica, tanto la Junta como las universidades. ¿Existe algún mecanismo que sirviera para blindarlos?
Creo necesario contextualizar la situación. En un escenario donde la profunda crisis económica que hemos sufrido se ha comparado con el Crac del 29 y donde el Gobierno español a través del RDL 14/2012 ha hecho más daño a la educación superior que ningún otro gobierno democrático… no seríamos serios si dijéramos que los compromisos presupuestarios en materia de universidad han sido incumplidos exclusivamente por la Junta de Andalucía. Los gobiernos autonómicos podían articular políticas en materia de educación que atenuaran más o menos los ataques desde el gobierno central pero no neutralizarlos completamente.
Sí, creo que es posible blindar la financiación de universidades públicas a través de un pacto de estado para la educación superior que no estuviera sujeta a los cambios de gobiernos. No tiene sentido que el marco general que regula algo que necesita estabilidad y una larga proyección en el tiempo, como el sistema educativo, se modifique cada cuatro años por el gobierno de ese momento.
-En la negociación, han ido siempre por detrás de lo que marcaba la Junta, que incluso redactó los dos borradores previos unilateralmente. ¿Qué puntos deberían ser irrenunciables por parte de los rectores?
1. La financiación operativa debe estar asegurada y, por tanto, no condicionada. Y debe establecerse un montante básico de partida en función de costes estándares que permitan el funcionamiento de las universidades de forma eficaz y eficientemente.
2. Diseño de un sistema de indicadores que evalúen con total transparencia la financiación condicionada.
3. Las universidades han visto cómo sus ingresos eran insuficientes para mantener la calidad en docencia e investigación, por tanto, es necesario el diseño de un marco estable de financiación, para entornos económicos inciertos, respetando la autonomía universitaria y potenciando la transparencia y rendición de cuentas.
Notas
(*)La entrevista fue realizada por Marta Maldonado, periodista del periódico La Razón, que fue publicada parcialmente (véase http://www.larazon.es/local/andalucia/el-dinero-para-las-universidades-permitira-abrir-las-puertas-pero-sera-insuficiente-FI15595132)
(1) http://www.us.es/downloads/estudios/master/normativa/general/EUS.pdf
