¿Es necesario establecer impuestos sobre el uso de nuestros datos?

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Fuente: Fotograma de la película Matrix (1999), dirigida por Lana Wachowski y Lilly Wachoswki. Warners Bros.

 

David Patiño Rodríguez

Este post fue publicado originalmente en el blog De Fueros y Huevos del Diario Expansión el 16/4/2019

 

La irrupción de la economía digital ha provocado un shock sobre las bases que sustentaban la tributación establecidas hace un siglo y que han gozado de un amplio consenso internacional. Estas reglas permitían determinar la jurisdicción a la que correspondían los ingresos impositivos y descansaban en la sede física como elemento esencial. Los cambios profundos que se han generado en los procesos de producción las han dejado desfasadas rápidamente. Las empresas digitales producen y venden información que una vez creada intercambian a coste marginal nulo por lo que no precisan de establecimientos físicos para realizar su actividad en un país concreto.

La OCDE lleva bastantes años intentando establecer unas nuevas bases tributarias. La UE también intenta realizar su propia propuesta, pero no acaban de tener éxito. En el caso de esta última, sus propuestas fiscales deben adoptarse por unanimidad, que es una forma dulce de decir que todos los países tienen derecho de veto. El problema es que el impuesto de sociedades es fácilmente exportable y su incidencia bastante incierta en el caso de empresas multinacionales que desarrollan sus procesos de producción a lo largo de varios, o muchos, países por lo que lo ideal en una federación es su centralización. En España por ejemplo, no se ha descentralizado nunca a las comunidades de régimen común y en las únicas en las que se ha hecho, las forales, ha generado problemas. La naturaleza de la actividad posibilita que trasladen la obtención formal de sus beneficios prácticamente dónde quieran, como hacen las empresas GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), entre otras. El resultado ha sido que los países en los que se genera la mayor parte de la actividad de estas empresas, Alemania, Francia o España, tienen interés en adoptar cambios en la situación actual, pero otros como Irlanda u Holanda, que se benefician de dicha situación, se oponen.

La Comisión Europea (CE) alega que estas empresas no están siendo gravadas adecuadamente (o en ocasiones no lo están siendo en forma alguna) y que la situación quiebra los principios de eficiencia y equidad. Dada la imposibilidad, al menos en el corto plazo, de establecer una solución definitiva que pasara por un impuesto de sociedades comunitario, la CE ha propuesto una transitoria articulada mediante impuestos nacionales que graven la actividad desarrollada por estas empresas en cada país. El gobierno español aprobó un proyecto de ley para crear un impuesto de este tipo en enero, adelantándose al grupo de países que incluye Alemania, Francia o el Reino Unido que también están interesados en establecerlo.

Se han indicado algunos problemas que puede generar un impuesto como éste. Por ejemplo, se argumenta la dificultad para delimitar el sector gravado. Que intente gravar un grupo concreto de empresas, más que una actividad o que al articularse a través de los ingresos brutos pueda dar lugar a situaciones de dobles imposiciones. Por otro lado, también se argumenta que dado que las empresas susceptibles de ser gravadas son estadounidenses, puede ahondar en la guerra comercial con este país.

El principal motivo para crear el gravamen se basa en que los titanes digitales podrían estar ofreciendo una satisfacción inadecuada por los datos que obtienen de sus usuarios lo que constituiría la principal vía de elusión fiscal para estas empresas. El modelo de negocio se articula a través de los denominados mercados bilaterales que ofrecen servicios a sus usuarios por los que pagan por acceso, tipo Netflix, o lo obtienen gratis, como Google o Facebook. Los usuarios, a cambio, entregan sus datos a estas empresas, bien directa y voluntariamente, o bien los obtienen a través de la huella digital que dejan cuando navegan. Las empresas construyen bases de datos que rentabilizan a través de publicidad dirigida, posibilitando la discriminación de precios y mediante el desarrollo de utilidades de Inteligencia Artificial (IA). En este sentido, se podría concebir a las empresas digitales como refinerías de datos que los extraen del capital humano del país, lo que puede ser concebido como un bien público y justificaría su gravamen. Teniendo en cuenta que la naturaleza de la actividad se basa en las economías de red que generan tendencias a constituir monopolios debido al fenómeno del ganador se lo lleva todo.

La cuantificación del valor de los datos es la cuestión más controvertida a la hora de establecer un juicio sobre esta propuesta de tributación y puede dar pistas sobre la dirección por la que debe transitar la regulación del sector. Las empresas del sector alegan que pagan suficientemente a sus usuarios mediante los servicios que les prestan, pero como indican Postner y Weyl (2018), se podrían estar aprovechando de su posición de monopsonio y obtener tales datos a cambio de servicios mucho menos valiosos.

Por un lado, las empresas digitales argumentan que el valor marginal de los datos es nulo y realizan un papel similar al que tienen en la estadística convencional en la que, alcanzado una cantidad suficiente, ya no aportan nada (Varian, 2014). Sin embargo, en el desarrollo de la IA podrían operar rendimientos marginales crecientes en los datos. La primera oleada de IA se basó en el desarrollo de máquinas basadas en reglas establecidas por ingenieros. Esta vía deparó algunos éxitos como el ordenador Deep Blue que derrotó a Kasparov al ajedrez, pero pronto se vio que no se podía ir más lejos. La generalización de internet de alta velocidad, los dispositivos y la capacidad de computación posibilitó cambiar el enfoque. A partir de entonces se basó en funciones probabilísticas que se iban ajustando gracias a cantidades ingentes de datos, cuya necesidad crece conforme se realizan actividades más sofisticadas, generalmente más valiosas. En este sentido, una foto etiquetada adicional podría tener valor creciente. Si bien su valor puede disminuir para un uso concreto, por ejemplo para desarrollar una aplicación que permita el reconocimiento de caras, puede mejorar otros servicios que aún están en fase más temprana como identificar otros detalles de la imagen. Pero además, a diferencia de la estadística convencional, el desarrollo de la IA necesita cálculos superprecisos de las variables. Los datos marginales pueden ser muy valiosos si permiten el ajuste imprescindible de los dispositivos. A la estadística convencional le interesa, por ejemplo, la renta media de una zona. Sin embargo, aunque Alexa (o una de sus aplicaciones) ya haya desarrollado la base para entender el lenguaje oral, si no es capaz de diferenciar el acento de Sevilla del de Madrid, el dispositivo puede ser inservible, de manera que los datos marginales pueden aportar un valor indispensable para la comercialización del producto. Esto ha llevado a autores como Arrieta-Ibarra et al (2018) a proponer que los datos deberían considerarse como trabajo desarrollado por los usuarios más que como un activo de las empresas.

El impuesto sobre los datos puede representar una forma de internalizar los verdaderos costes de las empresas digitales. Ello puede hacer que compitan en igualdad de condiciones y posibilitar que la sociedad participe en la explotación de un bien público puro de propiedad comunal. Incluso se puede concebir como un primer paso para posibilitar el funcionamiento adecuado del sector, especialmente el modo en que distribuye el valor que genera.

 

REFERENCIAS

Arrieta-Ibarra, Imanol, Leonard Goff, Diego Jiménez-Hernández, Jaron Lanier, y E. Glen Weyl (2018), ”Should We Treat Data as Labor? Moving beyond “Free” ”, AEA Papers and Proceedings, 108: 38–42.DOI: 10.1257/pandp.20181003.

Postner, E. y Weyl, E.G. (2018), Mercados radicales, Antoni Bosch, Barcelona, 2019.

Varian, Hal R. (2014), “Beyond Big Data”, Business Economics, 49(1), 27-31

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