Contabilizar la Responsabilidad

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Imagen: Kalho, Frida. (1945). Sin esperanza [Pintura]. Ciudad de México, Museo Dolores Olmedo
Fuente: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/-/rgHBxF7ESC2qmQ?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=es

David Patiño

Cuando los golpistas del 36 planificaban lo que hicieron eran conscientes de que tenían que lavarlo y se pusieron manos a la obra para justificar el golpe y la extrema violencia que emplearon como estrategia para hacer que triunfara. Tras el fracaso parcial del golpe y el estallido de la guerra las cosas se les fueron de las manos y entonces fueron mucho más conscientes de que era prioritario terminar con todo vestigio del estado democrático, incluido cualquier recuerdo de él, junto con todo lo que habían hecho. El resultado de décadas y décadas de intoxicación en colegios, noticiarios, prensa, literatura y cualquier medio ha sido que tres generaciones, incluyendo la actual, de españoles han estado con el cerebro totalmente lavado hasta el punto de que una novela, llevada a la televisión en forma de miniserie de éxito, frivoliza con un auténtico monstruo como Serrano Suñer al que no le tembló la mano de dejar morir a tantos miles de españoles en manos de sus admirados nazis.

Estas generaciones de españoles casi no han oído hablar de la II República ni del franquismo y lo único que han aprendido es que la Guerra Civil fue terrible porque las guerras civiles eran las más trágicas y porque “ambos bandos” fueron terribles y vengativos. Estos escasos conocimientos están en una nebulosa borrosa que mete todo en un totum revolutum de personajes muy malos y violentos y un régimen político fracasado cuyo final no podía ser otro que el que tuvo, olvidando el golpe, los enormes beneficios económicos que obtuvieron sus protagonistas y sobre todo diluyendo la responsabilidad de lo que pasó entre esos dos terribles bandos cuyos integrantes tenían escritos en los genes que tenían que matarse con saña entre ellos.

Esta visión sigue aceptándose de manera general y es repetida por cientos de cuñados, por los políticos de derechas e incluso por algunos sectores “progresistas”. La tesis de la maldad genética de los españoles de los años 30 ha diluido la responsabilidad del desastre e impedido que la sociedad española entienda que nuestra guerra civil no fue más que la primera etapa de la II Guerra Mundial en la que las democracias liberales se enfrentaron al fascismo. La misma operación transformó el fascismo español en una dictablanda instaurada para luchar contra el “comunismo” y sigue presente en una interpretación generalizada. La nebulosa difusa en la que se ha metido la época se ha comido el golpe de estado contra la democracia perpetrado por sectores minoritarios de ultraderecha por no asumir los resultados electorales de febrero del 36. Y todo se hizo empleando una estrategia que se mantiene como atestigua el hecho de que TVE haya enterrado una temporada entera de una serie ambientada en la II República y que trataba de mostrar la normalidad en la que vivía esa sociedad, ¿cómo van a vivir vidas cotidianas fieros guerreros deseosos de sangre? Parece que sigue siendo importante enterrar esa normalidad en la nebulosa imprecisa de violencia social y cotidiana. El sistema educativo de la democracia no ha sido capaz de trasladar a la sociedad las bases de lo que pasó: Que la II República era un régimen democrático, que se celebraron unas elecciones que la derecha antiliberal daba por ganadas, aspirando incluso a obtener la mayoría absoluta, pero que perdió y además sobradamente, y que un sector ultra, muy minoritario, no aceptó los resultados. Está demostrado que buena parte de la derecha, incluso la antiliberal, sí que los aceptó, a pesar del shock que le supuso por esperarlos y que incluso inició movimientos para integrarse en la democracia burguesa. El sector ultra que promovió el golpe no solo estaba en el ejército, pero se plegó totalmente a los militares traidores a los que cedió el liderazgo. La consideración de que los militares que se apropiaron del Ejército y lo emplearon para matar a españoles fueron unos traidores a su patria, es otro aspecto básico de lo que pasó que no se ha conseguido transmitir. Los militares rebeldes asesinaron a miles de españoles, la mayoría de ellos totalmente desarmados y muchos de ellos únicamente por ser funcionarios que en lugar de rebelarse, se dedicaron a cumplir sus obligaciones. La responsabilidad de este hecho, que a todas luces es un acto de traición sin paliativos, se ha conseguido diluir a pesar de que los escritos del “director” Mola muestran, sin duda alguna, que el empleo de la máxima violencia para generar terror en la población era la estrategia que habían elegido los militares golpistas para conseguir el triunfo

Es necesario crear una atmósfera de terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión, todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado.[1]

La responsabilidad ha sido especialmente mal asignada respecto de los muertos que causó el golpe y el conflicto que por su consecuencia se desencadenó. Esta matanza también se difuminó a través de la desaparición de información intencionada y se convirtió en el millón de muertos del tópico al que se sigue refiriendo el conocimiento popular. El millón de muertos ha sido uno de los mayores logros de la idea de sociedad feroz en la que todos pensaban únicamente en estar matándose de manera continuada, como actividad cotidiana. Los historiadores han precisado la cifra. Preston en su Holocausto español[2], título valiente y ajustado a la realidad, cuantifica el resultado en 150.000 víctimas causadas por la banda de rebeldes (por favor dejemos lo de los bandos) y 50.000 muertos en la zona fiel a la República. Si bien estas cifras esclarecen suficientemente el tamaño de la matanza, en el fondo transmiten una idea errónea de las cifras reales que fueron mucho más desproporcionadas. Estas cifras equiparan erróneamente zona geográfica con responsabilidad y distorsionan las consecuencias de las acciones de los golpistas.

Para hacer un cálculo adecuado que permita medir con precisión el tamaño de la barbarie ocasionada hay que tener en cuenta el colapso que ocasionó el golpe en todo el país. En la zona en la que triunfó el golpe, se puso a funcionar a pleno rendimiento la maquinaria de violencia contra el enemigo, integrado básicamente por todo el que no apoyaba a los golpistas de un modo activo y especialmente los que se habían señalado como protagonistas en el régimen democrático. Los asesinatos y violaciones se convirtieron en instrumentos principales de actuación y se alcanzaron cotas de crueldad totalmente inéditas antes e incluso después. En Galicia, Canarias o Castilla la Vieja la represión fue feroz durante años aunque especialmente durante el terrible verano del 36 con frecuencias de asesinatos de 70-80 cada noche durante varios meses en sitios como Sevilla capital. Cuando el ejército africano consigue pasar a la Península, las matanzas se sucedieron en las zonas que iban tomando provocando enormes matanzas como las de Badajoz o la desbandá malagueña, auténticos infiernos, pero que se repitieron a escala en todos y cada uno de los pueblos de Huelva, Badajoz, Cádiz, la provincia de Sevilla, o los barrios obreros de la capital durante los primeros días, etc. En todas esas localidades en realidad no había guerra alguna. En esos sitios el ejército de élite español muy bien pertrechado con artillería, carros de combate y metralletas practicaba matanzas de jornaleros o braceros “armados”, en su mejor caso, de escopetas de caza, y en la mayoría de los casos con aperos de labranza.

La situación fue muy distinta en la zona en la que el golpe fracasó. La rebelión no triunfó porque la mitad del ejército se mantuvo fiel pero causó el colapso del Estado en buena parte del territorio en el que no triunfó y prácticamente desapareció. Buena parte de la Guardia Civil y de los jueces desertaron y se sumaron a la sublevación. Será muy difícil averiguar el porcentaje que lo hizo por convencimiento, presumiblemente la mayor parte, y el que lo hizo desbordado por los acontecimientos, en cualquier caso, el resultado fue que en buena parte de la zona en la que no triunfó el golpe desapareció todo Estado y toda autoridad instaurándose una auténtica anarquía, en el peor sentido del término, durante muchos meses. En ese wild west no había autoridad alguna que mantuviera el orden en los pueblos, las cárceles se quedaron sin vigilancia que impidiera salir a los presos de todo tipo y supongo que se implantó en muchos sitios algún tipo de organización social similar al descrito en walking dead pero sin zombies. En ese caos se debió generalizar el saqueo, los asesinatos y todo tipo de delitos desarrollados por personajes de la peor calaña. Fueron asesinados cientos de sacerdotes, monjas y caciques y muchas otras personas por una combinación de rapiña de riquezas acompañada del acelerador del incendio que suponía el odio social hacia los sectores de poder tradicional. Sin quitar la responsabilidad a los autores materiales de esos acontecimientos, es obvio que tales tragedias no se habrían producido si un grupo de militares traidores financiados por una trama civil de presumibles perjudicados con las políticas que triunfaron en las urnas no se hubiera sublevado. Si la asonada militar no se hubiera producido las fuerzas del orden y la justicia no habrían hecho dejación de sus funciones y no habrían desertado de sus puestos, habrían seguido realizando su trabajo y no se habrían producido los desmanes que se produjeron. Es indudable que los sublevados fueron, por tanto, los responsables últimos de estas muertes que no se habrían producido sin su traición a la legalidad que habían jurado defender.

No tiene sentido responsabilizar de esas muertes al gobierno del país, únicamente porque se produjeron en zonas geográficas en las que no había triunfado la rebelión militar. El Estado había desaparecido en toda esa parte y tardó casi un año en volver a ser capaz de ponerse en funcionamiento. Meses después consiguió empezar a normalizar la situación y cortó de raíz todas esas actuaciones. De hecho, cuando el Estado empezó a funcionar de nuevo el poder judicial empezó a perseguir judicialmente a los autores de esos delitos que en muchas ocasiones fueron condenados por ello. De nuevo la cuestión de la responsabilidad. No tiene sentido, ni es justo, atribuir la responsabilidad de la mayor parte de esos asesinatos al Gobierno de la Nación.

Las situaciones no son comparables, ni por asomo, a pesar del esfuerzo que la propaganda franquista ha hecho, y sigue haciendo, por equipararlas. Frente a la barbarie de la zona sublevada y las que iban conquistando los traidores, el intento, y cuando se pudo, la consecución, de la normalidad democrática. Es verdad que en el seno del Estado también se produjeron actuaciones ilegales. Entre ellas destaca los sucesos de Paracuellos del Jarama de los que hay indicios que estuvieran involucrados altos cargos de la Administración y en concreto Carrillo. Este acontecimiento es por supuesto, reprobable pero no hay indicio de que formara parte de una estrategia política del gobierno y más bien parece una extralimitación de personas aisladas. Como indicamos, cuando la administración republicana estuvo a pleno rendimiento se normalizó la justicia democrática como prueba que se celebraran multitud de juicios en los que se absolvieron a quintacolumnistas sobradamente conocidos pero a los que no se les consiguió probar sus actividades subversivas o de espionaje.

Los asesinatos de Paracuellos han sido ampliamente empleados para justificar el golpe y la represión franquista, tratando de equiparar la actuación del Estado con la de la zona rebelde. Se estima que en Paracuellos se ejecutaron a unos 2.500 presos de la Modelo Madrileña. Es evidente que en ese clima terrible se producirían más sucesos de ese tipo, pero no debieron ser muchos dado que, de lo contrario, la propaganda franquista también los habría publicitado con la misma intensidad con la que denunció estos asesinatos. De hecho, ha tenido que llegar a utilizar el asesinato extrajudicial del marxista Andrés Nin, supongo que por falta de otro material.

Por tanto, y dando por buenas las estimaciones de Preston, responsabilizar de los 50.000 muertos al Gobierno implica cometer un error que falsea lo verdaderamente importante que es la responsabilidad de lo ocurrido porque lo equipara con lo sucedido en la zona dominada por los rebeldes en las que las directrices de Mola se pusieron en práctica hasta sus últimas consecuencias. La violencia que desarrolló el ejército rebelde llegó a extremos como el famoso 10% del Comandante Castejón, que exigía el fusilamiento de ese porcentaje de población en cada uno de los pueblos que tomaba. La única medida “humanitaria” que el “gobierno” de Burgos adoptó consistió en prohibir, meses después de iniciada la contienda, la práctica de los soldados marroquíes de colgarse los testículos de los enemigos muertos alrededor del cuello anudados en una ristra y eso solamente después de que tales prácticas hubieran generado un fuerte escándalo en la prensa europea. Y tampoco se puede emplear un razonamiento similar al que hemos empleado con la violencia en la zona que no se sublevó. En la zona sublevada fueron frecuentes las partidas de terratenientes y de su personal de confianza descritas por Chaves Nogales en su A sangre y fuego[3] o de grupos de paramilitares que cometieron todo tipo de asesinatos. A diferencia de lo sucedido en la otra zona, en la rebelde estas acciones lejos de ser obstaculizadas fueron alentadas, en todo caso, por la “autoridad” y siempre recibieron la cobertura del ejército. Además, el “gobierno” de Burgos se negó sistemáticamente a ningún tipo de acuerdo de tipo humanitario, a pesar de los múltiples ofrecimientos que el Gobierno de la República hizo en foros internacionales para intentar reducir la sangría humana.

Tenemos por delante una tarea importante para que la sociedad tenga una idea clara de la magnitud del desastre humanitario que causaron los golpistas. Los historiadores deberán depurar los datos para cuantificar el resultado final de la contienda en base a la responsabilidad de las muertes que se produjeron. La única forma de combatir la propaganda revisionista y justificadora consiste en arrojar luz que disuelva la nebulosa que ha producido tantas décadas de información falsa. Y no va a ser fácil como prueba el hecho de que el mandato de que estos hechos sean objeto de estudio en el sistema educativo haya sido la parte de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía que más rechazo ha generado por parte de la derecha, si bien es justo reconocer que, finalmente, no se ha opuesto a la ley, lo cual supone un avance importante que genera un halo de esperanza.

[1] Instrucciones reservadas del General Mola, nº1, base 5ª (25 de abril de 1936).

[2] Preston, Paul (2011), El holocausto español, Debate, Madrid.

[3] Chaves Nogales, M. (2009), A sangre y fuego, Espasa Calpe, Madrid.

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