El Gobierno Universitario a Debate: ¿Más Democracia para Mejorarlas o Virreyes para Someterlas al Interés Privado?

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Yoko Ono, 1966-1998, Play it by Trust; mostrada en la exposición 32 Pieces. The Art of Chess The Reykjavik Art Museum: Kjarvalsstadir (2009); source: http://imaginepeace.com/archives/3962

Teresa Duarte

A lo largo de una nefasta legislatura de Mariano Rajoy que no termina de acabar, el ministro de educación peor valorado de la democracia española, José Ignacio Wert, ha modificado la Ley de universidades en varias ocasiones. Y siempre lo ha hecho mediante Reales Decretos, es decir, por la puerta de atrás, sin someter cambios de gran calado a una mínima reflexión fuera y dentro de la comunidad universitaria y burlando la democracia, al soslayar el procedimiento legislativo ordinario que corresponde.

Las sucesivas reformas que ha llevado a cabo el gobierno del PP, que afectan al gobierno de las universidades, son las siguientes:

RD 43/2015 Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, denominado 3+2. Cuyo objetivo oficial es eliminar “(…) La discrepancia en la configuración de los estudios universitarios en España y en los países de nuestro entorno, que dificulta la internacionalización de nuestros egresados universitarios (…)”.

RD 415/2015 Acreditación nacional para el acceso al cuerpo docente universitarios. Con esta reforma “se pretende llevar a cabo una simplificación normativa y una mejora regulatoria de los procedimientos de acreditación del profesorado universitario; también se busca garantizar mayor objetividad y transparencia en la acreditación del personal docente universitario, así como potenciar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en dichos procedimientos”.

RD 420/2015 Creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios. El objetivo es el de “mejorar la calidad del sistema universitario en su conjunto, del que forman parte como pieza insustituible las universidades y centros universitarios”. En realidad, esta reforma relaja los requisitos para abaratar costes, lo que apunta a facilitar la creación de universidades a la iniciativa privada.

Además de los anteriores, estaba previsto un RD adicional que modificaría la gobernanza de las universidades pero quedó pendiente de aprobación tras el cese del ministro y es nuestro objeto de análisis. Éste proyectaba reformas que iban desde profundos cambios en los órganos de gobierno (claustro, consejo de gobierno, consejo social…) hasta el sistema de financiación (fondos públicos vs privados).

Para abordar las citadas reformas universitarias Wert encargó un informe a una “comisión de expertos” [1]. El documento trazó las líneas del nuevo modelo de universidades, selección del personal docente e investigador, evaluación de la calidad de las universidades, su gobernanza y estudios y títulos universitarios.

Lógicamente es imposible presentar aquí el borrador sobre la gobernanza de la universidad en toda su extensión así que nos limitaremos, por tanto, a subrayar las cuestiones más relevantes y algún aspecto sobre su financiación:

  1. Equipara el modelo de universidad y su gobernanza pública a la privada.
  2. Confunde los conceptos “servicio de interés público” y “servicio público”.
  3. Refuerza el mandato ejecutivo del rector o rectora. Los/as candidatos/as a rector o rectora serán académicos, con al menos tres sexenios de investigación, internos o externos a la universidad y será elegido por el consejo de la universidad.
  4. El consejo de la universidad supondrá la fusión del consejo de gobierno y el consejo social y estaría designado por el claustro en un 50%, un 25% por la Comunidad Autónoma y el otro 25% sería nombrado por los dos grupos anteriores. El presidente, que no tendría funciones ejecutivas, sería externo a la universidad. Las funciones de este consejo irían desde el nombramiento del rector o rectora, pasando por la aprobación de los presupuestos y cuentas anuales de la universidad, hasta la búsqueda de financiación externa.
  5. El rector o rectora designará y revocará, si fuera necesario, a su equipo de gobierno, a los directores o directoras de centro y a los directores o directoras de departamentos. El requisito para ocupar uno de estos cargos es que tengan al menos dos sexenios de investigación o si son académicos extranjeros sean de reconocidos prestigio.
  6. El claustro cuya composición queda muy reducida, y donde sectores como el de los estudiantes perdería representatividad (en la US por ejemplo pasarían de un 33% a un 10%), será meramente consultivo.
  7. Los departamentos deberán ser de mayor tamaño y se proponen fusiones. En cualquier caso, su existencia estará supeditada a la calidad científica, así como su financiación.
  8. La financiación pública debe atender a unos objetivos como el impacto internacional de la investigación y tasa de empleo de los graduados.

Estas propuestas suponen graves perjuicios para las universidades públicas porque:

  1. Es un grave error el asumir como hipótesis de partida que las cuestiones relativas al modelo de Universidad y a su gobernanza puedan referirse por igual a las universidades públicas y a las privadas. Es cierto, como se dice, que el sistema universitario lo conforman, con pleno derecho, ambos tipos de universidades pero es también una evidencia que cada una de ellas responde a misiones diferentes y tiene que tener, por tanto, modelos de funcionamiento y gobernanza distintos.
  2. Se habla equivocadamente de la universidad pública como un servicio de interés público cuando eso no es cierto: es un servicio público, que no es ni mucho menos lo mismo. Estrictamente, se habla de servicio público cuando la titularidad de la actividad ha sido asumida por la Administración Pública, sin embargo, podemos hablar de servicio de interés público cuando la Administración usa técnicas para garantizar la prestación de servicios esenciales y admiten la libre concurrencia sobre ellos. Esa confusión lleva a la tergiversación de la realidad en la universidad pública, que la ser un servicio público, ya tiene propietario irrenunciable: la sociedad en su conjunto y en su nombre el Estado y por tanto, a quién tiene que rendir cuentas.
  3. Con relación a la propuesta de reforzar el mandato ejecutivo del rector o rectora, resulta, por ejemplo, sorprendente que asumiendo que la universidad es el templo del saber y donde supuestamente se concentran grandes intelectuales, se pueda decir que la elección del rector así como los directores y directoras de centros y de departamentos no puedan ser elegidos a través de la democracia interna y que, por tanto, es preciso modificaciones de tal calado que dejan al margen de toda decisión de gran relevancia en la universidad prácticamente a toda la comunidad universitaria y en manos de un único órgano: el consejo de la universidad. La democracia no es incompatible con la eficacia y eficiencia. La democracia interna universitaria es absolutamente compatible con el buen gobierno aunque los expertos de Wert pongan de manifiesto en su documento justo lo contrario. No existen datos que justifiquen estas afirmaciones, por tanto, ¿cuál es el propósito velado? Control y mercantilización la educación superior. A nadie se le escapa que el modelo de gobernanza propuesto es una copia de la estructura de gobierno de las grandes empresas cotizadas… cuyo único propósito es el de maximizar su beneficio, y me pregunto ¿La rentabilidad es el único o el propósito más relevante de la educación? ¿Alguien se ha parado a reflexionar sobre el buen gobierno de las empresas cotizadas que operan a nivel transnacional? A diario se publican numerosos casos de grandes empresas involucradas en corrupción, evasión fiscal, manipulación contable, precariedad laboral… así que es obvio que ese modelo no se ajusta a la misión de la universidad pública.
  4. El consejo de la universidad será el órgano que designará y controlará la función ejecutiva del rector o rectora y su equipo. ¿Estará la comunidad universitaria adecuadamente representada en dicho consejo? La respuesta es NO. Actualmente, ya sea a través de sufragio universal o claustro, el rector o rectora es elegida por todos los sectores que constituyen la comunidad universitaria y sin embargo, esta reforma pretende eliminar un procedimiento democrático frente a una elección a dedo. ¿Por qué 25 personas, designadas no se sabe bien cómo, tienen mejor criterio y velarán más justamente por los intereses de la sociedad en la elección del rector o rectora?
  5. El rector o rectora designará y podrá revocar a su equipo: vicerrectores/as, directores/as de centro y de departamentos. De vuelta a la concentración de poder… El rector o rectora será todopoderosa, será un rector/ra virrey/ina, y concentrará el poder y será así más fácil de controlar a su vez por el consejo de la universidad. Si tenemos en cuenta que el 25% será designado por la Comunidad Autónoma existe un alto riesgo de injerencias políticas indeseables.
  6. El claustro donde está representada toda la comunidad universitaria pasaría a ser un órgano meramente consultivo, reduciendo a la mínima expresión el sistema de representación y gobierno democrático interno, ya de por si bastante precario. Así se evitan debates y procesos democráticos que fomentan la participación, vulnerando un pilar fundamental del sistema universitario, recogido en la Constitución, que es la autonomía universitaria.
  7. Claro que la financiación de las universidades debe estar sujeta a unos objetivos pero por supuesto no a objetivos mercantilistas a los que hace referencia el documento de expertos de Wert. La universidad pública, como el resto de servicios públicos, debe tratar de ser eficiente –por supuesto que sí- pero la eficiencia no pueden ser ni mucho menos el único objetivo a alcanzar, precisamente porque se hace pública para poder alcanzar otros fines sociales como la equidad, la igualdad o la sostenibilidad. Mayor Zaragoza decía en la conferencia ‘Principios esenciales e irrenunciables de la educación superior’ dentro del foro de debate ‘Factor Universitario” -La educación pública a debate’ que organiza la Universidad de Sevilla (US)- que la universidad debe “contribuir a forjar personas libres y responsables, así como que el acceso a los estudios superiores sea igual para todos, en función de los méritos; como establece el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Si hacemos referencia a los indicadores objetivos establecidos como el impacto internacional de las publicaciones y la tasa de empleo de los egresados, debemos poner de manifiesto su perversidad: 1) el impacto internacional de las publicaciones está íntimamente relacionado a) con el área, como dijo el Prof. Esteve [2], es muy grave intentar encajar en la horma de las ingenierías y las ciencias físico-naturales a las ciencias sociales y las humanidades y b) las revistas de “alto impacto” están gestionadas por empresas privadas, fundamentalmente anglosajonas, cuyos procedimientos de rechazo, revisión y aceptación son oscuros y con un interés claramente mercantilista, es decir, deben ser rentables. Es más, con estos criterios, intelectuales de proyección mundial y premios Príncipes de Asturias como Saskia Sassen no lograrían ni un solo sexenio de investigación. 2) La tasa de ocupación de los graduados puede ser consultada en la página del ministerio de educación donde se puede observar no solo un posicionamiento diferente en función de las ramas sino que además, el informe reconoce expresamente que “debe tenerse en cuenta que un amplio conjunto de universidades privadas proceden del ámbito empresarial, por lo que establecen con mayor facilidad redes relacionales con este sector que les puede permitir disponer de un mayor dispositivo de prácticas en empresas que facilitan a los egresados la incorporación al mercado laboral” y que por tanto, este indicador beneficiaría claramente a las universidades privadas frente a las públicas. Además, de las diferencias en tasas de paro entre regiones / ciudades…

En resumen, creemos que se trata de unas propuestas que parte de un principio inaceptable y truculento porque obvian lo que es esencial: la naturaleza de servicio público y no solo de interés público de la universidad pública y cuyos funcionamiento y gobernanza deben estar siempre sujetos a la misión que debe encomendarle quien representa a la sociedad y no solo sus gestores como se pretende en el documento.

La educación nunca es neutra o desinteresada y eso es algo bien sabido por este gobierno que decidió descaradamente hundir la educación pública –desde 2012, las universidades públicas han perdido 86.230 alumnos de grado y de primer y segundo ciclo [3] y solo un 7% de estudiantes acceden a máster tras cursar un grado [4]. Las sucesivas crisis sufridas desde 2008 han sido la excusa perfecta para recortar en educación –vía “tasazo universitario”, recortes en becas y el infame RDL 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gastos púbico en el ámbito educativo-, deslegitimar y demoler el gran pilar de la democracia, del desarrollo y crecimiento de un país como es la educación.

Por último, es necesario un debate y reflexión sobre el modelo de universidad en el ámbito universitario, en el ámbito político… llegar a un consenso, a un pacto para la educación porque no es aceptable que la educación sea utilizada como arma arrojadiza de unos partidos políticos contra otros.

La universidad debe velar porque los egresados sean personas creativas, independientes y libres –además de técnica y profesionalmente excelentes-, y ellas conducirán el progreso de la sociedad.

#NotasyReferencias.

[1] Uno de los expertos que firmó el documento de Wert fue Luis Garicano, Catedrático de Economía y Estrategia en la London School of Economics and Political Science y actual asesor económico de Ciudadanos, la formación política de ideología neoliberal que recientemente ha presentado su propuesta/apuesta relativa a la educación (véase las distintas notas de prensa aquí y aquí). Estas propuestas se parecen, por no decir que son casi idénticas, a las del documento de Wert; es comprensible dado el papel que Luis Garicano ha desempeñado en ambos proyectos de reformas sobre la educación superior.

[2] Prof. José Manuel Esteve es profesor en la Universidad de Málaga y exdirector de la Agencia Andaluza de Evaluación.

[3] http://cadenaser.com/ser/2015/06/24/sociedad/1435150555_053963.html

[4] http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2015/02/01/32-la-elitizacion-de-la-universidad/837

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2 comentarios en “El Gobierno Universitario a Debate: ¿Más Democracia para Mejorarlas o Virreyes para Someterlas al Interés Privado?

  1. Gran trabajo Teresa, gracias por este excelente resumen crítico…

    Bueno, y no hay que olvidar el primero de los decretos del dúo Rajoy/Wert: el “infame” como dices RDL 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo https://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf y de las medidas tomadas en el ámbito presupuestario para recortar gastos/inversiones en Educación…

    Saludos!! *

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  2. Magnífica revisión, Teresa. La política gota malaya de este gobierno, muy calculada y con la experiencia acumulada de la LOU ha conseguido destrozar la Universidad Pública por la puerta de atrás, sin debate, sin explicitar el modelo universitario que tienen en mente, aunque todos tenemos claro que tienen que meter en el negocio a los amigos que perdieron el tren. Ese es el principal objetivo de todas sus medidas, abrir nicho de mercado. Por otro lado, nos han dicho tantas veces que “sobran universitarios” que la idea ha calado, con lo que han preparado a la sociedad para su modelo de universidad-escuela de negocio que reproduce las clases dirigentes, mientras que los pobres se educarán para seguir siendo pobres. La educación tiene esa característica, puede ser el principal instrumento de movilidad social pero también puede ser un poderoso instrumento de reproducción del statu quo…

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